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Golpe de estado social

Llevo días pensando en lo que le está pasando a mi país, España, Catalunya, llámenlo como quieran, pero desde luego la vergüenza que siento de vivir aquí es cada vez mayor. Parece ser, que tenemos instaurado un sistema de partidos políticos donde todos damos por hecho que nos roban, y no pasa nada.

 

Hace pocos días nos despertábamos con la noticia de que CiU debía pagar por Millet en el cas Palau, por que un juez  considera que Millet en parte usaba el dinero ilícito para financiar a Convergencia. La acusación es gravísima, pero nadie se responsabiliza de nada.

También hace relativamente poco, descubrimos que el ex-Conseller de Governació de ERC, Sr. Ausas, se dedica al contrabando de tabaco entre Andorra y España. Podríamos hablar del caso Gürtel, del Palma Arena, de Marbella, de Carlos Fabra, Urdangarín, de Filesa, de Bartu Muñoz, Prenafeta y Alavedra, la Consejeria de Empleo Andaluza, y cientos de casos donde el dinero público ha servido para enriquecer bolsillos privados de gestores públicos. Lo realmente cruel, es que ni siquiera protestamos y nos levantamos ante estas situaciones, por que damos por hecho que independientemente del partido en el que militan, nuestros gestores públicos usan a su conveniencia sus cargos para enriquecerse.

A mi criterio, o se limpian los partidos de toda esta “chusma” y empiezan a denunciarse actitudes ilícitas desde dentro de las propias filas, o el futuro de los partidos es tan negro como el de la economía del país. No es hora de callar y mirar hacia otro lado ante estos problemas, ni de acusar al de enfrente y callar sobre los tuyos. Hay que limpiar, partir de cero.

Estos mismos gestores públicos, en muchos casos, se han dedicado a inaugurar una tras otra obras faraónicas y a invertir el dinero público sin ningún tipo de criterio de sostenibilidad, y ahora tenemos aeropuertos sin aviones, polígonos fantasmas promovidos por empresas públicas, teatros y auditorios municipales y autonómicos sin programación, prisiones sin inaugurar, Hospitales con plantas enteras cerradas, etc. ¿Y en quien recae la responsabilidad? En los de siempre. Subimos los impuestos al pueblo, le implantamos copagos sanitarios o educativos para pagar deuda y intereses de la misma, deuda generada por la mala gestión de los que han visto como ellos mismos, amigos y familiares suyos se enriquecían, y ni siquiera tienen en muchos casos la vergüenza y la decencia de dar un paso al lado, y apartarse de la gestión pública, si no que pretenden seguir llevando al abismo al país y a sus mismas organizaciones.

Por favor, plántese ante tal atropello a la democracia. ¿Cómo podemos no plantarnos ante el robo de dinero público? Este mal es tan endémico y supone tanta lacra en España, como otros a los que se ha creado una Ley específica como la Violencia de Género o el Terrorismo. El Ministro de Justicia, en vez de preocuparse de los ovarios de las mujeres en cinta, debería proponer una nueva Ley contra la estafa y mala gestión pública, que fuera lo suficientemente dura y exigente con nuestros mandatarios, como para que ninguno se planteara infringirla, y recibiera un duro castigo si lo hiciera, y la ciudadanía pudiera recuperar la confianza en la democracia y el sistema de partidos políticos.

Aún así, los ciudadanos somos culpables de no plantarnos ante la situación actual, y dar un golpe de estado social o revolución social, que limpie las instituciones, acerque la política a los ciudadanos y preserve los intereses del colectivo por delante de los intereses de los partidos por seguir empoderados. Esa revolución parte de cada uno de nosotros, y de esa, somos los únicos responsables.

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La Reforma Laboral y la Responsabilidad Social de los Agentes Sociales (patronales y sindicatos)

Hace tiempo que quería escribir sobre ésto, si bien, para evitar malos entendidos, era preferible dejarlo cada vez que me lo planteaba. Hace mucho tiempo que creo que las asociaciones empresariales y patronales como CEOE, FEPYME o Foment del Treball y PIMEC, en Catalunya, y los sindicatos mayoritarios, andan pecando de una problemática muy extendida durante los años de bonanza en España en muchas de las Organizaciones No Gubernamentales.

La mayoría de estas entidades, las cuales partían de un modelo de cuotas de pertinencia y dedicación de tiempo de forma altruista por parte de sus asociados, han crecido exponencialmente en estructura durante los años de crecimiento económico en España. El problema es que en la mayoría de los casos esos crecimientos no eran para nada proporcionales a su crecimiento en afiliados, si no que incluso en algunos casos decreciendo en afiliados estas entidades seguían creciendo en base a transferencia de dinero público y subvenciones por proyectos que servían básicamente para cubrir gastos de personal estructural.

Durante muchos años, la lógica con que se ha gestionado estas entidades ha perdido en buena parte el objetivo institucional por el que se fundaron, hacer de lobby en defensa de los intereses de sus afiliados o asociados. Se han gestionado como si fueran empresas que debieran aumentar su facturación en servicios y su estructura, para de este modo demostrar una supuesta fortaleza hacia el exterior en su objetivo último, el de defender los intereses de sus socios.

El problema es que durante todo ese tiempo lejos de ser capaces en muchas ocasiones de ser socialmente responsables, y de cooperar con la administración buscando el interés común, se dedicaban a recibir dinero de las administraciones para crecer aumentado así su clientelismo. Esto les ha llevado a una gran dependencia de ese dinero y a tener que reestructurarse durante los últimos meses.. De poco sirven organizaciones que se limitan a defender intereses sin ser capaces de renunciar a nada por el interés de la región. Es increíble que ni de las patronales ni de los sindicatos salgan recetas para salir de la crisis, para aumentar el empleo, y para mejorar la competitividad real. Esperan sólo que el color político que mande en cada momento plantee medidas que sean lo más convenientes posible para sus intereses a corto plazo, pero en ningún caso se plantean como esas medidas afectaran a las generaciones futuras en el medio y largo plazo.

Vaya por delante que no estoy de acuerdo con la Reforma Laboral presentada por el Gobierno del Partido Popular, no creo que la flexibilidad del despido y la poca seguridad en el trabajo sean las fórmulas para que en este país se cree empleo. Pero aún no estando de acuerdo para nada con esa fórmula, tampoco soy capaz de entender la escasa o nula capacidad de los sindicatos para plantear alternativas a esa Reforma Laboral que vayan más allá de la protección de derechos y que incidan directamente en la creación de empleos. Creo que en estos momentos de crisis económica los sindicatos y la patronal tendrían que ser capaces de aportar algo más a la sociedad que posturas enquistadas en defensa de los intereses del lobby a que representan, y sin duda, tendrían que ser capaces de llegar a acuerdos que por el bien del país fueran más allá de un marco de regulación laboral más o menos flexible en el despido.

La exigencia conjunta de Patronal y Sindicatos al gobierno de medidas de estímulo real de la competitividad como la inversión en I+D, la dotación presupuestaria para iniciativas de desarrollo local, incentivar la contratación con fórmulas nuevas, subir los niveles impositivos de las grandes empresas y de la banca, por ejemplo, serían una manera de concretar medidas que cualquier gobierno se vería obligado a desarrollar. Lo que está pasando, la falta de propuesta real, la falta de acuerdos, el apego al modelo clientelista ya conocido, lleva a que cualquier gobierno pueda acabar decidiendo las medidas sólo, y llevándolas al terreno que le interesa, aunque luego no sirvan absolutamente de nada.

En definitiva, la búsqueda de un consenso entre Patronal y Sindicatos hubiera sido la mejor forma, pero no tanto un consenso de una nueva reforma laboral, si no un consenso en medidas a desarrollar por nuestros gestores públicos para ayudar a la competitividad de nuestra economía.

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