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Acoso al autónomo

Según reconoce el Anteproyecto de Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo realizado por el Ministerio de Trabajo, en España los trabajadores autónomos son “un amplio colectivo que realiza un trabajo profesional arriesgando sus propios recursos económicos y aportando su trabajo personal, y que en su mayoría lo hace sin la ayuda de ningún asalariado. Se trata, en definitiva, de un colectivo que demanda un nivel de protección social semejante al que tienen los trabajadores por cuenta ajena”

Si hacemos una radiografía sobre el perfil de trabajadores por cuenta propia, encontraremos que en un porcentaje muy alto de casos, más del 70% de la facturación anual de éstos se realiza a una sola empresa, los que se han venido a llamar en el Anteproyecto “Económicamente dependientes”, ya que incluso en muchos casos se trata del total de la facturación la que realizan a una sola empresa.

Como ya es conocido por casi todos este Anteproyecto de Ley concede una serie de derechos a estos trabajadores, que actualmente no poseen. Entre esas medidas están las de dotar de descanso retribuido de al menos 15 días de vacaciones, la indemnización al trabajador autónomo por los daños que se le ocasionen en una supuesta extinción del contrato no justificados, y jurisdicción de lo social para los litigios de los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Todas medidas que están encaminadas a dotar de seguridad jurídica y protección a estos trabajadores.

Pues bien, preocupantemente, la aparición de este Anteproyecto a nivel público está empezando a dejar sin trabajo a algunos autónomos económicamente dependientes bajo la premisa de que las empresas que hasta ahora los contrataban, han cambiado su política de contratación, pasando a contratar sólo a Sociedades Mercantiles. De este modo, se está obligando a estos trabajadores autónomos a reconvertirse en Sociedades Limitadas, obligándolos a incrementar tanto sus gastos de gestión, debido a que tienen la obligatoriedad de llevar todos los libros contables y tramitar el Impuesto de Sociedades además de seguir haciendo la declaración de IRPF. Por si fuera poco, deben también realizar un gasto extra de constitución de la sociedad que supera los mil euros entre trámites de Registros y Notarías.

Parece ser que en España, la pillería sigue estando instalada en todos los ámbitos, y si antes hicimos autónomos a aquellos que trabajaban para una empresa cotizando al Régimen General de la Seguridad Social para reducir nuestros costes, hoy, antes de que la Ley de protección social y derechos al que en su día invitamos a dejar de tenerlos, ya estamos también invitándolos a que se constituyan en Sociedad Mercantil, ya sea en solitario o asociados con otros que se encuentran en idéntica situación, para que sigan sin tener los derechos que deriven de ese nuevo Estatuto, y que el ámbito de jurisdicción de posibles conflictos siga siendo el Mercantil.

Y dentro de esta situación, especialmente grave es el caso del sector del transporte, donde un gran número de transportistas son económicamente dependientes de una sola empresa, soportando ellos no sólo los riesgos inherentes a la actividad, sino también el riesgo económico de la inversión en el vehículo, revisiones, mantenimiento, etc. En muchos casos hay quien tiene hipotecada su casa para la compra de un vehículo para trabajar de este modo, y está viendo peligrar su trabajo tras la aparición a la luz de este Anteproyecto de Ley.

En definitiva, ¿debería plantearse el gobierno un Anteproyecto de Ley que proteja a las Sociedades Mercantiles dependientes?

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